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Encuentro Internacional de Fundación Ciudad del Niño: abordó desafíos del sistema de justicia juvenil

La falta de tribunales y fiscales exclusivos y la insuficiente cobertura por parte de los defensores especializados y equipos administrativos que los acompañan, constituyen algunos de los principales desafíos del sistema de justicia juvenil. Así lo destacó el Presidente de Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, durante el III Seminario Internacional “Diálogos sobre Infancia y Adolescencia”, organizado por la institución junto con el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Jornada fue organizada conjuntamente con el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

La falta de tribunales y fiscales exclusivos y la insuficiente cobertura por parte de los defensores especializados y equipos administrativos que los acompañan, constituyen algunos de los principales desafíos del sistema de justicia juvenil. Así lo destacó el Presidente de Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, durante el III Seminario Internacional “Diálogos sobre Infancia y Adolescencia”, organizado por la institución junto con el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

En el encuentro, inaugurado por el Presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, Silva también mencionó, como deficiencias del sistema de justicia juvenil, la insuficiente formación de sus actores en temas relacionados con adolescencia, salud mental y peritajes psiquiátricos, y la falta de un enfoque especializado y de un tratamiento diferencial efectivo de los menores infractores.

Agregó que, dada la complejidad de la delincuencia juvenil, se deben desarrollar estrategias especializadas y diferenciadas para focalizar la intervención, ajustando su intensidad y seleccionando las técnicas de tratamiento más efectivas. Es decir, “la buena medida, en el buen momento, para el buen joven”.

Planteó que el fenómeno de la delincuencia juvenil, requiere de la implementación de políticas públicas basadas en diagnósticos correctos, y de nuevas estrategias de articulación entre los ámbitos jurídico y psicoeducativo que integren las mejores experiencias comparadas. Añadió que se necesita de un gran acuerdo social para abordar el tema, a través de una política de Estado de largo plazo y técnica y económicamente sustentada, pero que no debe perderse de vista que la mejor política es la prevención del delito.

EL seminario contó con la participación del académico canadiense Clément Laporte, Coordinador del Centro Especializado de Delincuencia y Problemas del Comportamiento del Centro de Juventud – Instituto Universitario de Montreal, quien subrayó la importancia de poner a los jóvenes en el centro de la intervención socio-judicial. Explicó, asimismo, que el Gobierno de Quebec confió la aplicación de la ley sobre delincuencia juvenil y el sistema de justicia penal para adolescentes, al Ministerio de Salud y Servicios Sociales, más que al Departamento de Justicia o a los responsables de la seguridad pública.

El experto destacó que el sistema de Quebec considera un proceso de judicialización, donde opera la discrecionalidad policial. “El policía observa una infracción y decide a discreción si amonesta al joven verbalmente, si lo manda a un programa de sensibilización y responsabilización, o no. Si la falta es lo suficientemente grave, decide si envía la causa a un fiscal”, señaló. Agregó que dependiendo del delito, el fiscal está obligado a enviar al joven al Centro de Juventud donde un equipo psicosocial realiza una evaluación relativa a la responsabilización, el deseo de reparación y el riesgo de reincidencia del joven. Según esa evaluación, el caso puede ser desjudicializado.

En este proceso, las víctimas son contactadas y se busca llegar a un acuerdo con ellas, lo que puede desembocar en que el infractor realice alguna medida extrajudicial, como servicio a la comunidad. “Si hay 100 casos derivados a evaluación, 85% lo son a programas de desjudicialización”.

Afirmó que buscan evitar que los jóvenes lleguen a la reclusión, apostando por una protección pública permanente. “La idea subyacente es que la rehabilitación protege a largo plazo al permitir que los jóvenes se integren de manera responsable en la sociedad. Este punto de vista ha puesto a Quebec con las tasas de criminalidad más bajas e inspiraron a Canadá a adoptar leyes sobre la materia”, indicó.

Finalmente, el experto recalcó la importancia de diferenciar las intervenciones en función de las características de la juventud en general y de cada uno de los adolescentes en particular.

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