Fundación Ciudad del Niño planteó propuestas para un nuevo Sistema de Atención a la Infancia

En su exposición, José Pedro Silva destacó que la superación de las dificultades que enfrentan los niños y jóvenes que atiende el sistema Sename, requiere de acciones más allá de la esfera psicosocial –que es el foco de dicho sistema -, y que involucran a otros organismos estatales (como son los problemas de salud, retraso escolar, dificultades de aprendizaje y desescolarización, situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de drogas, viviendas precarias, etc.).

Ideas claves para avanzar a un nuevo sistema de atención a la infancia, planteó el Presidente de Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, ocasión en que abordó la crítica situación de los centros de protección dependientes del Sename y la responsabilidad del Estado en la materia.

En su exposición, José Pedro Silva destacó que la superación de las dificultades que enfrentan los niños y jóvenes que atiende el sistema Sename, requiere de acciones más allá de la esfera psicosocial –que es el foco de dicho sistema -, y que involucran a otros organismos estatales (como son los problemas de salud, retraso escolar, dificultades de aprendizaje y desescolarización, situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de drogas, viviendas precarias, etc.).

Agregó que el principal problema es que la respuesta a esos niños y niñas es parcelada, inoportuna y descoordinada. A ello se suma una cobertura insuficiente, e importantes listas de espera para la atención, entre otros.

Precisó que de los 106.000 niños, niñas y adolescentes, que a diciembre de 2015 estaban en el área de protección de Sename, el 7.5% corresponde a centros residenciales, el núcleo más crítico en términos de vulneración y complejidad. Sin embargo, según un estudio de Fundación León Bloy, el Estado financia el 59% de los costos de cada niño/a, debiendo las instituciones colaboradoras concurrir con el 41% restante. “Con el aporte de dichas organizaciones se logra que las residencias puedan funcionar, pero no en el nivel de calidad que asegure una atención óptima”, señalo.

Entre los problemas de las residencias, mencionó que el personal de trato directo no cuenta con especialización, debido al bajo nivel de remuneraciones al que puede acceder; que los temas de retraso escolar no son atendidos por el sector educación y que existen desfases de meses en las atenciones especializadas de salud, además de las dificultades para la contratación de personal, dado el nivel de los sueldos.

Detalló, asimismo, que a pesar de que los organismos colaboradores atienden al 97.4% de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a la Red Sename, los recursos transferidos corresponden solo a un 64% del total de fondos disponibles en dicho servicio. Éste atiende a un 2,6% de los niños, niñas y adolescentes que llegan a la red, disponiendo de un 36% de su presupuesto anual.

Recalcó que en los programas ambulatorios los recursos de la subvención también son insuficientes para cumplir con las exigencias técnicas, especialmente en la línea de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) y de los Proyectos de Protección Focalizada (PPF).

“La situación que viven los centros de protección y el mismo Sename, refleja la gran deuda que el país y el Estado chileno tienen con la infancia, y no solo con aquella vulnerada en sus derechos”, señaló Silva, quien postuló las siguientes ideas para un nuevo sistema de atención y protección a la infancia:

• Implementar cambios legales e institucionales de fondo, articulados y que permitan sustentar en óptimos niveles la operación del sistema.

• Dichos cambios deben contar con recursos suficientes, ser planificados coherentemente y considerar tanto las innumerables iniciativas legislativas que ya se han hecho al respecto, como la experiencia acumulada con que cuentan las organizaciones que llevan años trabajando con la niñez y juventud.

• Avanzar en la división del Sename, asegurando que la creación de los dos nuevos servicios -Protección y Responsabilidad Penal Adolescente- tenga recursos suficientes para la óptima operación del sistema. En este sentido, eliminar la idea de que el Estado presta un “auxilio económico” a las instituciones colaboradoras, definiendo los costos reales de la ejecución de los programas, y compatibilizando la cobertura de los programas con las reales necesidades de atención, de manera que el servicio se entregue de manera oportuna.

• El camino de la especialización es el que permitirá construir un sistema de protección y garantías eficaz. El Estado debe asegurar la protección universal y proveer los recursos necesarios para que los organismos de la sociedad civil puedan hacerse cargo de las intervenciones especializadas.

• Cerca del 92% de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración de sus derechos, son atendidos de manera ambulatoria. A pesar de la importancia de las residencias, la atención debe estar puesta en el sistema en general.

• Para el sistema residencial debiera pensarse en estructuras que acojan de 10 a 12 niños por centro, y el contar con recursos suficientes para entregar un servicio digno y de calidad, sustentado en el fortalecimiento de los proyectos de acogida familiar.

• Invertir en programas y acciones preventivas. La acción temprana resulta más eficaz que intervenir cuando los derechos han sido vulnerados.

• Todo lo anterior exige un estrecho trabajo colaborativo entre el Estado y la sociedad civil, promoviéndose relaciones de tipo horizontal en que se favorezca el diálogo.

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