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Jóvenes infractores: una segunda oportunidad

Por Luis Aravena Sanhueza

Proyecto B trabaja en la reinserción sociolaboral de jóvenes, de entre 17 y 23 años, que hayan cometido delitos asociados al robo y hurto. “Debemos proporcionar oportunidades dignas para quienes cometieron delitos y desean reinsertarse”, explican en la fundación.

Rafael Rodríguez trabajaba como delegado en una institución asociada al Servicio Nacional de Menores (Sename). Su labor era encargarse del seguimiento de un grupo de jóvenes para verificar que cumplieran con sus condenas. Entre otras cosas, debía ocuparse de la escolaridad, el consumo de drogas y cooperar en la resolución de conflictos al interior de las familias de aquellos adolescentes.

—¿Qué tiene que ocurrir para que dejes de robar? —le preguntó Rodríguez un día a un joven.
—Tener un trabajo —contestó el muchacho.

Desde ese momento, Rafael Rodríguez comenzó voluntariamente a generar redes de contactos para que su grupo de jóvenes encontraran un trabajo. La idea comenzó a funcionar, por lo que postuló a un fondo concursable del Fondo Nacional del Desarrollo Regional.

Así nació Proyecto B, fundación orientada a la reinserción sociolaboral de jóvenes, de entre 17 y 23 años, que han cometido infracciones a la ley o han sido condenados por delitos de robo o hurto. Su misión es erradicar la reincidencia en el delito mediante un sistema de rehabilitación integral.

Los profesionales de esta organización se contactan con los directivos de diversas empresas para establecer puestos de trabajo para jóvenes con antecedentes penales. Cuando aseguran los cupos, se reunen con las instituciones colaboradoras del Sename —Promesi, Opción, ACJ (Asociación Cristiana de Jóvenes) y Fundación DEM (Fundación Nacional para la Defensa Ecológica del Menor de Edad— donde los jóvenes cumplen sus condenas en libertad para iniciar el proceso de selección y capacitación de quienes deseen postular.

Felipe en obra de Gespro

“Nuestros únicos requisitos son que los jóvenes no padezcan de trastornos adictivos o siquiátricos graves, ser mayores de 18 años, y si son menores contar con el permiso de sus padres y que los delitos que cometieron estén asociados a robos y hurtos, que son el 80% de los delitos cometidos”, explica Sofía Ramírez, gerente comercial de Proyecto B.

La principal herramienta para incentivar la inclusión laboral es el Programa de Empleabilidad. Proyecto B posee convenios de cooperación con empresas en cinco áreas de la fuerza laboral: mecánica, construcción, producción industrial, telecomunicaciones y manipulación de alimentos de grandes empresas. Cada año, 50 jóvenes son contratados en diversas empresas de la Región Metropolitana.

Durante el proceso, Proyecto B organiza talleres para que los jóvenes desarrollen habilidades relacionadas con el trabajo en equipo, el respeto por sus pares y autoridades, la puntualidad y asistencia, todas variables que, explican en la fundación, causan problemas durante los tres primeros meses y que monitorean periódicamente.

“Nuestro modelo de intervención se basa en realizar las acciones necesarias para que los jóvenes alcancen una estabilidad económica. Creemos que de esta forma, podrían bajar las tasas de reincidencia. Muchos jóvenes roban porque necesitan dinero para satisfacer necesidades básicas o ayudar a sus familias. Debemos proporcionar oportunidades dignas para los jóvenes que cometieron delitos y que desean reinsertarse, debe ser una labor de toda la sociedad”, reflexiona Ramírez.

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