Menú

Presidenta envía al Congreso proyecto de “Ley de Garantías de Derechos de la Niñez” y el que crea la “Subsecretaría de la Niñez”

A 25 de años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, el gobierno envía al parlamento el proyecto de ley que adecúa la legislación chilena a esa norma internacional. Además se envió el proyecto de ley que crea la Subsecretaria de la Niñez la que permitirá articular a los diversas instituciones y servicios vinculados a la infancia y así hacer más eficientes las políticas públicas relacionadas con la niñez.

En el patio de Los Naranjos del Palacio de La Moneda la Presidenta Michelle Bachelet firmó el Proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Niñez que será enviado al parlamento en los próximos días. Esta ley marco establecerá en el país un inédito sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de la infancia a través de un conjunto de normas, instituciones y políticas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales, cumpliendo así con la obligación de adecuar la legislación interna que asumió el Estado de Chile al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

La presidenta Michelle Bachelet destacó que “lo más importante es que ha sido un proceso abierto y participativo, donde se trabajó con niñas y niños, a través de los diálogos regionales y un proceso específico de participación denominado “Yo Opino, es mi derecho”. Casi un millón de niños participaron, nunca tantos niños habían hecho oír sus demandas”.

La futura ley fortalecerá la protección universal, a través de la coordinación de todas las prestaciones que entrega el sistema público, rol que corresponderá al Comité Interministerial de Desarrollo Social, organismo que reúne a los ministros del área social.

La secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela Ortiz, señaló que “este proyecto establece los cimientos de la institucionalidad de infancia que se irá construyendo y enriqueciendo en la discusión con la sociedad civil y en el parlamento. Este no es sólo un logro del gobierno, sino del país en su conjunto. Es la forma concreta en que el Gobierno de la Presidenta Bachelet refuerza su compromiso profundo con construir condiciones de igualdad y justicia para todos los niños y niñas de Chile”.

Entre otros temas, en la futura ley de garantías la familia tiene un rol fundamental en el cuidado y educación de los niños, guiándolos en el ejercicio pleno de sus derechos y orientándolos conforme con su autonomía progresiva. El Estado apoyará activamente a la familia en el cumplimiento de este rol. Estela Ortiz precisó que “esta ley fortalece a la familia y a los padres, pues contiene un compromiso explícito del Estado para apoyarla en el cumplimiento de su rol como guía y orientadores de sus hijos y evidencia la voluntad del gobierno de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas que viven en Chile y de potenciar las capacidades de las familias para llevar adelante esa tarea”.

Por otra parte, la ley reconoce al niño como sujeto de derechos, capaz de ejercerlos por sí mismo, según su edad y grado de madurez. Conforme con ello, puede actuar ante los organismos del Estado para reclamar sus derechos, en conformidad con la ley y con la orientación de sus padres cuando corresponda. La Ley de infancia consagra también el interés superior del niño, entendido como la máxima satisfacción del conjunto de sus derechos, criterio que orienta la interpretación que se debe hacer en cada caso concreto.

La ley de garantías protege los derechos establecidos en la Convención y desarrolla normas concretas sobre algunos de esos derechos con el fin de reforzar su garantía o regular la forma de su protección. Es el caso de la protección contra la violencia; la libertad ambulatoria; el derecho a ser oído; el derecho a la identidad cultural; el derecho a vivir en familia; la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad de expresión; el derecho a la vida privada; el derecho a la propia imagen y la honra; el derecho de participación y la prohibición de la discriminación arbitraria; el derecho a la educación y la salud; y el derecho de petición, entre otros.

Por otra parte la ley redistribuye las competencias jurisdiccionales y administrativas en temas relacionados con la protección de la infancia, con el fin de evitar el riesgo de arbitrariedad, además, establece principios comunes a todas las medidas judiciales y administrativas. Por otra parte dispone que el Ministerio de Desarrollo Social establezca mecanismos de despliegue territorial para la aplicación de las medidas administrativas.

En cuanto a los casos en que los niños deban ser separados de su familia, la nueva legislación define la competencia exclusiva del tribunal y otorga competencia al órgano administrativo para acciones de derivación del niño o su familia a programas de apoyo especializado. Se establece, como principio general, que todo niño tiene derecho a asistencia jurídica para la defensa de sus derechos.

La ley establece además que la autoridad administrativa podrá solicitar al tribunal el cumplimiento forzoso en caso que las medidas administrativas no sean aceptadas por el niño o su familia; y un mecanismo de impugnación judicial y administrativa. Además, considera la facultad excepcional de la administración para decretar la separación del niño de su entorno familiar en casos urgentes, en que exista riesgo para la vida o integridad del niño, enviando todos los antecedentes al tribunal de inmediato, para que éste resuelva en primera audiencia.

Finalmente la ley hará obligatorio que el Estado disponga en forma permanente de una política nacional de niñez y un plan de acción, para cuyos efectos fija la forma en que deben aprobarse, su plazo de duración y su contenido mínimo.

Subsecretaria de la Niñez

Bachelet2Junto al proyecto de ley de garantías se firmó también el que crea la Subsecretaría de la Niñez, cuya función es preocuparse de los temas relacionados a los derechos de los niños y las prestaciones sociales que se requieren para ello. Se establece en el proyecto que el Comité de Desarrollo Social, conformado por Ministros de Estado con funciones de protección social, se constituirá como Comité de Desarrollo Social y Niñez para tratar temas de derechos de los niños, ejerciendo así la rectoría del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez.

Además, establece la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, en conformidad con la Ley N° 20.500 sobre participación y un Consejo Nacional de niños, conformado por niños que representan las opiniones de los menores de 18 años. “La propuesta de este proyecto de ley trata de aprovechar al máximo la institucionalidad ya existente por ello se crea una Subsecretaría encargada de las materias relativas a la niñez, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, utilizando así una capacidad ya instalada en términos de personal y recursos”, precisó la Secretaria ejecutiva del Consejo.

Defensor de la niñez

En el marco de la adecuación de nuestra legislación a la Convención, próximamente se enviará el proyecto de Ley que crea al Defensor de la Niñez, que busca crear esta nueva figura autónoma como garante de los derechos de las niñas y niños, que actúa como magistratura de persuasión y recomendación. Esta institución no intervendrá en procedimientos judiciales, actividad que corresponderá a la Defensoría Penal Pública o a programas de defensa judicial, según corresponda.

En el primer semestre de 2016, se impulsará la creación del nuevo Servicio de Protección, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; y del Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del Ministerio de Justicia. La creación de estos organismos permitirá superar al actual Servicio Nacional de Menores, asumiendo sus funciones dentro de la nueva óptica de derechos. Por otra parte, se impulsará también la creación de un sistema local de niñez dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y los ajustes y modificaciones a la legislación de tribunales de familia que resulten necesarios para derogar la Ley de Menores.

Contexto del proyecto de ley

Al ratificar el Estado de Chile en 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño asumió la obligación de adecuar la legislación vigente a este importante tratado internacional.

Desde entonces, el Estado ha realizado diversos avances entre los que se incluyen el fin de la diferencia entre hijos legítimos y naturales, la ley de responsabilidad penal adolescente, el post natal de seis meses y la eliminación de los Juzgados de Menores, además de otras reformas legales con incidencia en el área de la niñez.

Sin embargo, aún era necesario aprobar una normativa general destinada a garantizar el respeto integral de los derechos de la niñez que ordena la Convención.

Además de garantizar que desde los primeros años los niños y niñas cuenten con los derechos esenciales que les permitan desplegar al máximo sus capacidades, esta normativa incidirá en aspectos significativos de la vida de los niños. Es decir, el rol que corresponde a la familia en la orientación y dirección del niño en el ejercicio de sus derechos, conforme con su edad y madurez; el rol del Estado para fortalecer a la familia; la protección universal de los derechos de los niños; el derecho a ser oídos; la proscripción de toda forma de violencia en contra de los niños, y la consagración general del interés superior del niño.

“A los adultos nos ha costado mucho reconocer a los niños y niñas como iguales en dignidad y derechos, por eso este proyecto de Ley es un avance histórico hacia la Garantía de Derechos para todos los niños y niñas en Chile. Comprender que los niños y niñas son sujetos de derechos, es el primer paso hacia un cambio en las relaciones entre adultos y niños para lograr un trato digno y basado en el respeto mutuo”, concluyó Estela Ortiz.

Déjanos tu comentario