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Universidades: La Gran Estafa Criolla

La mayoría de las universidades que legalmente deben formarse “sin fines de lucro” en la práctica lo tienen, ya que sus fundadores constituyen sociedades que prestan servicios a las instituciones por donde lucran las utilidades. Solo debemos observar los altísimos precios que han cancelado fondos de inversiones, instituciones internacionales y grupos económicos chilenos por las universidades que han sido vendidas (U. Andrés Bello, U. Santo Tomás, U. de las Américas, Uniaac, etc.). Si no tienen fines de lucro, ¿cómo se explican estos millonarios precios cancelados?

Por Verónica Abud

Tratar de explicar la actual crisis de la educación superior basándonos en la institucionalidad legal vigente, resulta tremendamente engorroso y surrealista a la vez.

En 1980 nacen legalmente las universidades privadas, las que por ley deben ser “sin fines de lucro”.  Asimismo, se asocian las universidades tradicionales y algunas privadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilena (Cruch).

Durante largos años, las universidades del Cruch son las únicas que pueden recibir estudiantes con becas estatales o con créditos Corfo. En el año 2006, nace el Crédito con Aval del Estado (Cae) y se hace extensivo a estudiantes de universidades privadas, lo que permite que un gran número de ellos pueda endeudarse y así, acceder a una carrera universitaria.

La universidades deben acreditarse para recibir alumnos con crédito Cae y se crea la Comisión Nacional de Acreditación (Cna), “cuya misión es certificar externamente de que una institución o carrera cuenta con los mecanismos destinados a asegurar que su comportamiento se ajustará a sus propósitos que ha declarado.”

Todas las universidades privadas se acreditaron para poder recibir la enorme cantidad de nuevos alumnos que podían acceder a estudiar con los nuevos créditos que la banca privada ofrecía con el aval del Estado. A todos ellos se les abrían las puertas del ansiado título profesional, con el consiguiente mejoramiento de su calidad de vida.

¿Dónde está el surrealismo criollo de nuestro sistema? La mayoría de las universidades que legalmente deben formarse “sin fines de lucro” en la práctica lo tienen, ya que sus fundadores constituyen sociedades que prestan servicios a las instituciones por donde lucran las utilidades. Solo debemos observar los altísimos precios que han cancelado fondos de inversiones, instituciones internacionales y grupos económicos chilenos por las universidades que han sido vendidas (U. Andrés Bello, U. Santo Tomás, U. de las Américas, Uniaac, etc.). Si no tienen fines de lucro, ¿cómo se explican estos millonarios precios cancelados?

En el otro plano, las universidades pertenecientes al Cruch se ven beneficiadas con fondos estatales, produciéndose un enorme desequilibrio de aportes, sin considerar el nivel socioeconómico de quienes estudian en ellas. Asimismo, este grupo de universidades controla férreamente el sistema de admisión, como también los beneficios directos que les entrega el Estado, actuando muchas veces en función de sus propios beneficios, sin considerar las necesidades reales de la educación del país.

Por otra parte, para poder recibir estudiantes que se endeudaron con el Cae, las universidades privadas necesitan acreditarse, pero el sistema de acreditación ha demostrado serias falencias en relación a los conflictos de interés entre las personas que trabajan en las instituciones acreditadoras y que prestan servicios a las universidades en proceso de acreditación.  Esto ha llevado a grandes escándalos, públicamente conocidos.

Hace siete años la periodista María Olivia Mönckeberg (Premio nacional de periodismo, 2009) sorprendía con su investigación “La privatización de las universidades: una historia de dinero, poder e influencias” (Copa Rota, 2005) y luego con “El negocio de las universidades en Chile” (Debate, 2007), ambos libros develan la trastienda y los vínculos ocultos que existen en este apetecido negocio.

La situación descrita ha sucedido a vista y paciencia de las autoridades correspondientes por largos veintidós años, pero recién hoy nos escandalizamos y buscamos a los culpables de este impresionante desaguisado institucional, que sigue en pleno funcionamiento. Cabe señalar que han sido los principales afectados -los estudiantes universitarios que hoy se movilizan- los que han girado los mecanismos en busca de una mayor transparencia en el sistema.

La oportunidad que tiene nuestro país y el actual gobierno de construir soluciones realistas, informadas y de cara a la ciudadanía son únicas, para así poder mirar con optimismo el futuro desarrollo de la educación universitaria; y claro, para no volvernos a enfrentar al surrealismo criollo de nuestro sistema.

 

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