Oportunidades para las organizaciones civiles

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Marcel André Thezá Manríquez, Licenciado en Filosofía y Doctor en Ciencia Política, Investigador Centro de Investigación Sociedad y Políticas Públicas, Universidad de Los Lagos

Nadie podría dudar que las organizaciones de la sociedad civil, en su amplitud y diversidad, viven momentos importantes de recomposición tanto de sus lógicas de acción como también del rol que desean jugar en el funcionamiento democrático.

Este proceso de búsqueda, ya sea de un espacio institucional en el cual reconocerse o ya sea de una misión que oriente y que aporte horizontes en el difícil esfuerzo de resguardar su autonomía, se ha convertido en un aspecto estratégico que hoy es prioritario relevar y resolver.

En rigor, en un contexto de debilitamiento de la confianza hacia las instituciones tradicionales de representación y en el marco de un profundo reproche social sobre el funcionamiento y eficacia de los organismos del Estado, la sociedad civil y sus organizaciones parecen emerger como una alternativa de participación que atrae una mayor cantidad de miradas atentas, optimistas y confiadas en el papel democratizador que ellas deben jugar.

Por tal motivo, es urgente preguntarse por las dificultades e interrogantes que este proceso ha desencadenado y que claramente no pueden ser eludidas si el objetivo es promover una sociedad donde sus organizaciones no estatales ocupen un lugar clave.

Primera dificultad. Las organizaciones de la sociedad civil hoy se encuentran ocupando un espacio no plenamente definido, no claramente precisado, entre el Estado y el mercado. Circulan en un área extraña que ciertamente se orienta a lo público puesto que es preferentemente en el mundo de las organizaciones donde se está organizando el discurso público y donde además éste se manifiesta con mayor intensidad. Pero también es evidente su presencia en el mundo económico. Es bien conocida la importancia que muchas organizaciones tienen en el proceso de gestión de bienes y servicios donde las influencias son de naturaleza muy variada.

Segunda dificultad. Las organizaciones son valoradas a partir de prismas bien heterogéneos y contradictorios. La disputa entre esencialistas que buscan permanentemente lo que distingue a las organizaciones en relación al Estado y los reduccionistas que simplemente las consideran como satélites de las agendas públicas coyunturales, nos pone frente a un gran desafío; a saber, comprender las relaciones entre las organizaciones y el Estado sin que esto implique una separación o una fusión radical.

Una pista para aclarar muchas de estas interacciones que aún resultan opacas, pareciese ser el aceptar que el mundo de las organizaciones sociales no es sólo civismo en abstracto; él es muy concretamente “relación” con el Estado, con la política y con el mundo económico. Son estas interacciones las que constituyen su identidad y generan efectos recíprocos sobre su propia realidad.

Esto exige, por cierto, un esfuerzo de regulación y de autoregulación que permita precisamente que esta relación se efectúe en un ambiente de plena transparencia, donde las condiciones y fines de estos contactos estén debidamente precisados, normados y controlados.

En este marco, el proyecto TRANSPARENTEMOS, iniciativa que ha logrado reunir a actores públicos diversos como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, la Contraloría General de la República, la Comisión Defensoría Ciudadana, la Universidad de Los Lagos, el Consejo para la transparencia, junto a organizaciones no estatales como Chile Transparente, ACCION AG, Comunidad de Organizaciones Solidarias, ASONG y AVINA, va en la dirección correcta. Como vemos, mundo público y asociativo comparten un mismo objetivo: contribuir al mejoramiento de la efectividad y posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en torno a temáticas de transparencia.

En este caso se aprecia un esfuerzo serio por analizar, sistematizar y consensuar  un modelo de rendición de cuentas más avanzado y más pertinente con los desafíos actuales de nuestro país. Esto es también coherente con la necesidad de fortalecer el espacio institucional que las organizaciones de la sociedad civil requieren, para así poder concretar su aporte al mejoramiento de la calidad de la democracia chilena.

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