Especialistas de “SOCIEDAD ANÓNIMA” llaman a destrabar Ley Única de Donaciones

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Aparentemente hay un consenso transversal en el mundo político y compromiso del Gobierno, pero el proyecto aún no es enviado al Congreso. Líderes de opinión que integran el grupo “Sociedad Anónima: Acciones de Solidaridad” analizan los beneficios de crear esa normativa.

Desde hace 12 años, las organizaciones sociales buscan una Ley Única de Donaciones, simple de entender y que facilite su labor. Sin las organizaciones sociales muchas necesidades quedarían insatisfechas o se convertirían en una carga adicional para el sector público. La Ley Única permitiría facilitar las donaciones y ser un motor para obtener mayor acción social que incentive a la sociedad civil, sin quitarle responsabilidad al Estado.

Este nuevo marco regulatorio “ordenará” la vida de las entidades sin fines de lucro, que actualmente cuentan con cerca de 90 cuerpos normativos y un sinnúmero de reglamentos que conforman un mosaico legislativo complejo de comprender y muchas veces inequitativo.

Roberto Peralta, Abogado experto en Ley de Donaciones.

¿De dónde nace la idea de una LEY ÚNICA DE DONACIONES?

Se trata de un antiguo anhelo de la sociedad civil que data del 2001, cuando las organizaciones que trabajan con los sectores más vulnerables de nuestro país (El Hogar de Cristo, la Fundación Las Rosas, Coaniquem, Corporación la Esperanza, entre varias) hicieron ver la tremenda inequidad existente en materia de leyes de donaciones.

En esa época, las donaciones a universidades, institutos profesionales, organizaciones culturales y deportivas tenían un incentivo tributario para el donante de al menos un 58,5%, y aquéllas para entidades sociales sólo alcanzaba un 17%. En respuesta a esto, de manera casi inadvertida y en conjunto con las donaciones para partidos políticos, en agosto de 2003 se aprobó una ley que pretendía corregir esta inequidad. Sin embargo, se le pusieron tantos cerrojos (33% de aporte obligatorio a un fondo y sanciones penales severas), que en la práctica no operó hasta que fue reformada. No en vano, José Zabala, presidente del Hogar de Cristo de aquella época, calificó esta ley como “el beso de Judas”.

Se hicieron dos reformas entre 2009 y 2012, pero las inequidades y exclusiones se mantienen, junto a un sistema bastante inoperante. Hoy, con el impresionante desarrollo de la sociedad civil de nuestro país, la existencia de una nueva legislación es apremiante e indispensable.

¿En qué consiste la Ley Única de Donaciones? ¿Es una ley nueva o se está refaccionando una o más leyes anteriores? La propuesta que entregamos al gobierno y a representantes de distintas corrientes políticas consiste en reformar todo el régimen de donaciones, pero sin perjudicar lo que ya existe y funciona bien. Muchas organizaciones han aprendido a utilizar las actuales normas vigentes y operan de manera bastante cómoda con ella, como es el caso de la Ley Valdés (cultural). Sin embargo, tengo la impresión que una gran parte de la sociedad civil encuentra muchas dificultades para incorporarse al sistema o simplemente le es inasequible.

¿Qué problemas solucionaría? Básicamente tres: 1) La tremenda incertidumbre y complejidad de tener la “suerte” de encontrar y entender 90 cuerpos normativos distintos e inconsistentes para saber cómo y qué hacer. 2) La inequidad e inconstitucionalidad de tener regímenes diversos –en algunos casos excluyentes– que crean grupos privilegiados en contravención flagrante al Artículo 19 Nº 2 de nuestra Constitución (igualdad ante la ley) y que nos hace retroceder a un status pre-Revolución Francesa. 3) La confianza y transparencia en el buen uso de recursos que el Fisco deja de recaudar, ya que la institucionalidad actual es absolutamente frágil e ineficaz en esta materia.

¿Si hay acuerdo transversal y el Gobierno la anunció, qué falta para que salga esta ley? Esa es la pregunta que hemos estado haciendo desde hace 12 años y aún esperamos una respuesta.

Fernando Larraín, Economista.

EDUCACIÓN SUPERIOR: “Los recursos a universidades han ampliado la desigualdad”

La Ley de Donaciones 18.681 permite que las empresas donen recursos y se liberen del pago de impuestos siempre que lo hagan a Universidades y/o Institutos Profesionales. Esta ley ha logrado en una década que los recursos traspasados desde las empresas a las casas de estudios lleguen a cerca de $200 mil millones, cifra que se tradujo en recursos para becas, investigación e infraestructura.

Estos haberes han sido distribuidos inequitativamente ampliando la desigualdad en Educación Superior. Por una parte, se podría justificar que algunas instituciones son más eficientes para conseguir recursos y que los donantes las premian. Además el sistema se basa en la libertad de las empresas para decidir a quiénes destinar sus donaciones.

Pero, por otra parte se abre una discusión sobre si estamos de acuerdo como país en beneficiar a unos sobre otros porque al ser un descuento tributario son recursos que deja de recibir el fisco y, por lo tanto, no puede utilizarlo en otras funciones. ¿Debe decidir el sector privado cómo hacer esto?

La ley actual –que ha traído beneficios, pero también ha incrementado las brechas– presenta problemas por cómo operan las empresas relacionadas a las instituciones educacionales y por cómo gastan los recursos de las donaciones. Por ello, urge una ley que regule y reduzca la multiplicidad de leyes que rigen las donaciones en Chile. Una Ley Única va en la dirección correcta para destinar mejor los incentivos, nivelar la cancha y aumentar la transparencia.


Aldo Schiappacasse, Periodista Deportivo.

DEPORTES: “Los objetivos de los parlamentarios están lejos de concretarse”

Cuando se preparaba para los Juegos Olímpicos de Londres, Tomás González –en conferencia de prensa- reiteraba las dificultades que encontraba en Chile para un adecuado entrenamiento. “Ojalá que Farkas me donara lo que me falta”, bromeó. En aquella oportunidad el IND y el Comité Olímpico de Chile se afanaron en precisar que los planes de los deportistas de alto rendimiento eran financiados como nunca antes en la historia competitiva del país.

La Ley de Donaciones Deportivas de 1993 sirvió para paliar un déficit profundo que facilitó la vinculación entre patrocinadores y deportistas de alto rendimiento, pero además contribuyó a distintas fundaciones, corporaciones y entidades públicas accedieran a fondos no estatales para el desarrollo de competencias, eventos y planes comunales.

Muchos empresarios la vieron como un instrumento para incentivar la práctica deportiva en los lugares de trabajo y se convirtió, en la mayoría de los casos, en una eficaz herramienta que complementa los planes del Instituto Nacional del Deporte. Pero los objetivos de los parlamentarios que impulsaron la ley están lejos de concretarse.

Fundamentalmente, porque a nivel deportivo nacional el gran déficit sigue siendo la impresionante inequidad entre la educación física que se imparte en los colegios públicos con la que gozan los alumnos de colegios privados. Ni el Estado, ni los particulares, ni la ley pueden remediar hasta ahora el talón de Aquiles de nuestro deporte y de la educación general. Hay déficits evidentes en docencia, implementación e infraestructura de los liceos fiscales, donde asiste la inmensa mayoría de los niños del país.

Profesores de matemáticas mandando a los jóvenes a correr alrededor del patio o una pichanga improvisada siguen siendo la realidad de la educación física en muchos lugares. Las armas para combatir esta realidad son focalizar los esfuerzos del IND, de la inversión estatal (insólitamente enfocada a construir estadios para las sociedades anónimas del fútbol) y de las leyes de incentivo a las donaciones a donde corresponde: la educación pública nacional.

Verónica Abud, Educadora y directora Fundación La Fuente.

EDUCACIÓN Y CULTURA: “La ley con fines educacionales quedó mal diseñada”

En mis años de trabajo en fundaciones sin fines de lucro, he tenido la oportunidad de trabajar con la Ley de Donaciones Educacionales y la Ley de Donaciones Culturales. Ambas tienen por finalidad beneficiar a distintos ámbitos, pero funcionan en forma diametralmente opuesta.

La Ley de Donaciones con fines Educacionales quedó muy mal diseñada, lo que ha provocado que su uso sea muy restringido por lo engorroso del procedimiento de aprobación, ya que debe pasar por la Seremi de Educación y luego por la Intendencia.

Nuestra experiencia con la Ley de Donaciones Culturales ha sido positiva ya que al existir un Comité que califica los proyectos, éstos son analizados en su mérito, se recibe asesoría para su mejora y cuenta con procedimientos y plazos acotados para su aprobación.

Hoy estas leyes tienen reglamentaciones dispares, lo que hace muy difícil su comprensión y aplicación para las empresas o personas interesadas en ayudar. Debería existir una ley única bien reglamentada y con comités de especialistas que aprueben los proyectos por su mérito, cuidando que éstos no politicen su uso.

A lo largo de los últimos años hemos tenido buenas y malas experiencias tanto en el diseño como implementación de leyes que permiten descuentos tributarios. Estas leyes son un gran apoyo en la solución de problemas donde el Estado y el mercado no funcionan. Con esta experiencia acumulada, el nuevo marco legal debería recoger lo exitoso y desechar lo que no ha funcionado, así como el mal uso que se le ha dado.

Leonardo Moreno, director ejecutivo Fundación para la Superación de la Pobreza.

SECTOR SOCIAL: “Después de 10 años, la ley no termina de despegar”

Desde su promulgación en 2003, la ley 19.885 de Donaciones Sociales –cuyo foco han sido las personas y comunidades en pobreza y con discapacidad– ha vivido un sinuoso camino hasta la actualidad. Uno de los ejes centrales que ha desarrollado es la participación de personas y empresas en el entendido que son un aporte imprescindible en la ayuda social. También pretende la solidaridad entre instituciones sociales, que con diversas capacidades para recolectar recursos, pueden optar al Fondo Mixto de Apoyo Social.

Después de 10 años, la Ley de Donaciones Sociales no termina de despegar. Entre otros aspectos sigue pendiente la discusión sobre el límite global absoluto de las empresas para donar el 5% de su renta líquida, la limitación de muchas organizaciones para calificar como donatarias, una mayor autonomía del Consejo del Fondo Mixto del gobierno de turno, pocas fuentes de financiamiento del mismo, mayor claridad respecto de lo que se entiende por contraprestaciones y lo más complejo: los escasos y limitados recursos que llegan a las organizaciones sociales más pobres.

Sin duda que una revisión de los aspectos involucrados en todas las leyes de donaciones vigentes permitirá abordar de mejor manera las tareas pendientes.

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