Durante el último tiempo hemos sido testigos de acontecimientos que han puesto en tela de juicio al mundo de los negocios: desde la crisis financiera hasta los casos de Freirina, Castilla, La Polar y las Farmacias. Las reacciones de la ciudadanía y el gobierno han modificado la manera en que se relacionan las empresas con su entorno.
Podríamos pensar en políticas públicas que impliquen mayor regulación o bien la búsqueda de incentivos para las compañías que tienen en el corazón de su negocio el triple resultado (beneficios económicos, sociales y ambientales). Ambas podrían ir en la dirección correcta si se aplican bien, pero se corre el riesgo de complejizar el sector privado, poseer regulación excesiva y estándares irrisorios, o preferencia de ciertos sectores y negocios por sobre otros que pueden terminar en discriminación e generando ineficiencias.
Lo relevante es la interacción entre las empresas, la sociedad civil y el gobierno, relaciones que deben tener mayores niveles de confianza para ser capaces de reconstruir nuestro capital social. La sustentabilidad de nuestro desarrollo dependerá de los avances en la creación de confianzas y de que todos los actores puedan influir en las políticas públicas (sin capturar al Estado).
Hay que utilizar el capital político y el liderazgo para convocar y crear estos espacios.
