La (des)protección de los derechos de infancia en Chile

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murillo2En Latinoamérica hay sólo dos países que aún no modifican su legislación en orden a crear un sistema de protección integral de los derechos de infancia: Cuba y Chile. Así es. Chile, al igual que Cuba, firmó y ratificó la Convención de derechos de Infancia el año 1990, y desde entonces el Comité ha insistido en que debe crear un sistema de protección integral para la infancia. Y no es que no sea necesario. La situación en Chile es vergonzosa en temas de vulneraciones. Y no me refiero sólo al ámbito más crítico como la del SENAME, sino de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Basta con decir que el año 2012 un estudio de UNICEF-Chile arrojó como resultado una cifra que costaba creer: el 72% de los niños y niñas -de todos los niños y niñas chilenos- dicen ser víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. La cifra era tan escandalosa que el Ministerio de Interior, el año 2013, hizo un estudio parecido. El resultado fue un poco diferente: subió al 75%.

Hay bibliotecas rebosantes de estudios que demuestran, todos ellos, la importancia de la infancia para que un país tenga un desarrollo integral, social e incluso económico. Dicho de otra manera: que un país tenga un desarrollo integral depende absolutamente del estado en que se encuentre su infancia, y en nuestro país la infancia lo pasa mal. Nuestro país sufre de riesgos sísmicos y ha sido capaz de crear todo un sistema, admirado en el mundo entero según BBC Mundo, para prevenir catástrofes. Es probable que pronto contemos con sistemas de prevención de incendios, y aún no contamos con una legislación que esté a tono de la convención internacional de los derechos de infancia. Pero nada.

En Chile los niños aún son considerados como menores (disminuidos) y tratados como in-fantes (sin voz).

La Presidenta Bachelet ha dado una señal esperanzadora creando, en su cuarto día de mandato, el Consejo Nacional de la Infancia. Este consejo interministarial, “de reflexión y propuestas”, espero profundamente que se transforme pronto en una instancia de acción y medidas concretas. Necesitamos urgente una ley de protección integral y promoción de los derechos de infancia; además, un ente rector, con poder suficiente para coordinar todas las políticas de infancia, y un Defensor Nacional de los niños, niñas y adolescentes, autónomo de los gobiernos de turno. Menos que esto es como vivir en un país sísmico sin contar con una regulación antisísmica.

  1. Gracias José Andrés. Considero que la infancia y adolescencia son temas sociales con aristas económicas y políticas. Sin duda, el estado y los organismos internacionales pueden tener una visión más amplia y más completa, pero sus medidas exigen «tierra fértil» para tener éxito. Formadores de todo tipo como padres, hermanos mayores, médicos, policía, vida consagrada, profesores, abuelos, tíos, choferes de movilización colectiva, guardadores infantiles, abogados, vecinos, etc. deben ser parte de esta tierra fértil. Son ellos los que a diario tienen la posibilidad y la opción de cuidar o no cuidar a la infancia. Son ellos los que dan el ejemplo con su actitud, que si es violenta, agresiva, invasora, discursiva mostrará la rebeldía como camino y puede conducir al precipicio de graves riesgos; si es poco asertiva, poco veraz, hipócrita, fantasiosa, trepadora… señalará el camino al temor y dependencia; si es amorosa, disciplinaria, formativa, de confianza y respetuosa, los llevará a la autonomía sin distanciamiento; si es informativa permitirá que la infancia visualice las etapas por venir, y si es comprometida con el ser humano los valorará desde esa perspectiva, y como tal no los discriminará ni excluirá por no cumplir las expectativas de otros.

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