ONGs pro infancia solicitan al Ejecutivo apoyo en sistema de cuidados alternativos de niños

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A través del envío de una carta a la presidenta Michelle Bachelet, un conjunto de organizaciones pro infancia, miembros de la agrupacion “OBSERVA: el Derecho a Vivir en Familia”, han querido mostrar el sentido de urgencia que tiene resolver la compleja problemática  que atraviesa el sistema de cuidados alternativos de  los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado de sus padres, haciendo evidente en la carta, «el  escaso rol  que el Estado ha asumido al respecto hasta la fecha», según manifiestan las 20 organizaciones miembros de esta agrupación. «Todo esto, con el propósito de concretar bajo su período de gobierno,  las soluciones de una política pública que por décadas hemos esperado».

A continuación, la carta enviada a la presidenta, el pasado 24 de diciembre:

 

Señora:

Michelle Bachelet Jeria

Presidenta de la República de Chile

Presente

De nuestra consideración:

Junto con saludarla muy respetuosamente, a través de la presente, un conjunto de organizaciones, miembros de “OBSERVA: el Derecho a Vivir en Familia”, queremos expresarle,  el sentido de urgencia que tiene para nosotros  resolver la  compleja problemática  que atraviesa el sistema de cuidados alternativos de  los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado de sus padres, y frente a ello, el  escaso rol  que el Estado ha asumido al respecto hasta la fecha. Todo esto, con el propósito de concretar bajo su período de gobierno,  las soluciones de una política pública que por décadas hemos esperado.

En particular, luego de los sucesivos informes públicos y privados que en el último tiempo se han referido al sistema de cuidados alternativos, así como el reciente reportaje  emitido por el canal estatal, bajo el título: Niños en Hogares ¿Castigados por ser pobres?, y en especial consideración a su oportuno llamado al diálogo y la reconstrucción de confianzas con la sociedad civil, es que queremos poner en su directo conocimiento, los aspectos centrales de la problemática que nos afecta y que nos interesa examinar en conjunto  próximamente:

Los niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, constituyen uno de los grupos más invisibilizados de las políticas públicas en nuestro país. Esto, producto de la escasez de estrategias preventivas para fortalecer a los padres en el cuidado de los hijos y/o para promover la reunificación familiar cuando el cuidado parental  se ha perdido.

El 100% de los niños, niñas y adolescentes que llegan al sistema de cuidados alternativos ingresan a él producto de una medida de Protección Judicial, en  que la separación del niño(a) de su familia se aplica como una medida final y de excepción. Sin embargo, esta excepcionalidad puede alterarse, ante la casi total ausencia de Programas que a nivel comunal puedan tutelar los derechos de los niños, sin que esto signifique separarlos de sus familias.

Como es de público conocimiento, el cuidado y protección de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, es una obligación compartida entre el Estado y las Instituciones Colaboradoras acreditadas ante el  SENAME.  Según las estadísticas de este Servicio al año 2014  el 87.4% del total de niños, niñas y  adolescentes que pierden el cuidado parental son atendidos por más de un centenar de Instituciones Colaboradoras y sólo el 12.6% son atendidos directamente por el Estado.

Las causales de ingreso al sistema Proteccional, según lo acredita la evidencia nacional e internacional, nos hablan de la interrelación de un conjunto de factores complejos y multicausales de naturaleza bio-psico-social, donde la pobreza no es por sí misma un factor determinante de la pérdida de cuidado parental. Actualmente, el ingreso al sistema Residencial (Hogares) y familias de acogida, derivado de la condición estricta de pobreza NO supera el 0.6% del total de niños(as) atendidos(as) durante este año (SENAME, 2014).

En cuanto al financiamiento de los Programas Residenciales,  la Ley de Subvenciones 20.032, establece que la subvención del Estado se compone de un monto fijo y otro variable, lo que implica en los hechos, que las Instituciones disponen de un monto muy reducido recursos para los gastos fijos, independiente del número de niños y niñas que atiendan. El problema de fondo, es la insuficiencia de los montos totales asignados por el Estado para garantizar estándares de calidad en la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Otro aspecto a analizar, es el rol que el Estado, asume cuando define la subvención “como un auxilio económico a la labor que realizan las instituciones colaboradoras”[1], transfiriendo así a los privados la responsabilidad de recaudar y adicionar fondos propios para poder cumplir con los estándares de calidad exigidos. Estos son imposibles de financiar con los fondos asignados por el Estado, con lo que de paso relativiza su rol de garante.

En virtud de todo lo anterior queremos manifestarle que nos sorprendió que el informe elaborado por la Cámara de Diputados, junto con reconocer expresamente los déficit de financiamiento del Sistema Residencial, introdujera también “la sospecha del lucro sobre las instituciones colaboradoras”, las cuales son todas sin fines de lucro, según  consta en los estatutos legales de cada una de ellas, y  las mismas que en definitiva deben concentrar parte importante de sus esfuerzos en subsidiar al Estado en el cofinanciamiento de los costos de atención[2].

Por ende, en consideración a todo lo expresado, y en especial  representación del interés superior de los miles de niños, niñas, adolescentes y familias que atendemos a lo largo del país, unida a la convicción de que nuestra misión es velar por tutelar y restituir el derecho a vivir en familia en entornos protectores, es que hacemos un llamado para que desde  el Supremo Gobierno se den señales claras y precisas, sobre los estándares, formas de atención y financiamientos que el Estado está dispuesto a garantizar como política pública para la infancia y adolescencia privada del cuidado de sus padres, por  graves vulneraciones a sus derechos.

Para estos efectos, proponemos que en un clima de confianza y colaboración, y con un espíritu de alianza entre el Estado y la Sociedad Civil[3]-  su excelencia convoque a una “Mesa de trabajo público  – privada”, que permita abordar desde una perspectiva de derecho y de manera integral, las soluciones normativas y de política pública que se encuentran pendientes en la temática, de modo de establecer una agenda corta de trabajo conjunto, que aborde de un modo eficaz las problemáticas planteadas, en pos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

Sin  otro  particular, quienes suscribimos esta carta le saludamos muy atte., y para facilitar una respuesta a nuestra misiva, le rogamos tenga a bien dirigir ésta a la Sra. Maria Josefina Bilbao M, a la Sra. Veronica Monroy, y a la Sra. Alejandra Pizarro

  1. Centro Nacional de la Familia (CENFA)
  2. Fundación Consejo de Defensa del Niño (CODENI)
  3. Corporación Aldeas Infantiles SOS Chile
  4. Corporación Espina Brígida (CORPEB)
  5. Corporación Humaniza
  6. Corporación Jesús Niño
  7. Corporación María Ayuda
  8. Corporación La Esperanza
  9. Fundación de Beneficencia Hogar de Niños San Jose
  10. Fundación Chilena para la Adopción
  11. Fundación Hogar de Cristo
  12. Fundación La Semilla
  13. Fundación Mi Casa
  14. Fundación María de la Luz
  15. Fundación Padre Semería
  16. Fundación San Jose para la Adopción
  17. Fundación Sentido
  18. Hogar Misión de María
  19. Comunidad de Organizaciones Solidarias
  20. Foro Chileno por los Derechos de la Infancia

[1] Artículo 23, DSN° 841/2005 Ministerio de Justicia

[2] La situación de que trata este párrafo consta de las conclusiones de varios estudios al efecto encomendados por el propio SENAME a diversas instituciones.

[3] Consagrado en el artículo 2°, numeral 3) de la Ley N° 20.032.

 

 

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