Una intensa jornada de debate vivieron las más de 40 organizaciones socias de ACCIÓN ONG en el Museo de la Educación Gabriela Mistral. Fue un momento para debatir en la misma mesa con el gobierno, establecer puntos en común y también las diferencias, pero sobre todo, permitió generar un momento de encuentro entre quienes trabajan en defensa de derechos y los bienes comunes desde las organizaciones de la sociedad civil.
El 4to Congreso de ONG: en defensa de derechos y bienes comunes, instancia que no se hacía desde el año 2007, discutió sobre cómo fortalecer el trabajo de la sociedad civil organizada y establecer miradas comunes entre los asociados.
Al panel inaugural, asistió Danae Mlynarz, del Ministerio de Desarrollo Social, e Ignacio Lledó, subdirector de la DOS, y fue conducido por la presidenta de ACCIÓN, Francis Valverde, quien además de saludar la instancia y a los presentes, insistió en la necesidad de fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil para profundizar la democracia.
Por su parte, Mlynarz, realizó un saludo protocolar de parte del gobierno, dio su visión respecto a la participación ciudadana y reconoció la importancia que tiene en un país democrático, ya que “nos impulsa a correr el marco de lo posible” para “hacer las transformaciones que el país necesita”.
Por su parte, Lledó, subdirector de la DOS, explicó que si bien existía una relación desafiante entre el gobierno y las ONG, también reconoció que “siempre nos impulsan más allá, es una relación desafiante”. Además, dijo que “la democracia ha cambiado, ahora ha encontrado otras formas porque el Estado no está satisfaciendo las demandas (de la sociedad civil)”.
Las ONGs y la crisis de legitimidad
El primer panel titulado “Institucionalidad en crisis: desafíos para una nueva cultura política de la sociedad civil”, estuvo compuesto por Nancy Yáñez, co-directora del Observatorio Ciudadano; Mario Garcés, director de Eco Educación y Comunicaciones; y Francis Valverde, presidenta de ACCIÓN.
La primera en abrir los fuegos fue Valverde, quien manifestó que esta era un momento para revisar lo realizado, hacer balances y mirar al futuro, y recordó que “la función tradicional de las ONG ha sido, y es, la organización y empoderamiento de la ciudadanía para la participación en la gestión pública y la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Pero, agregó que “los procesos de transición iniciados con posteridad al abandono de los militares del poder gubernamental dieron inicio a etapas marcadas por ajustes estructurales, mandatados por los organismos financieros internacionales”, lo que “profundizó aún más el abandono de los Estados de la provisión de bienes y servicios públicos, privatizándolos, convirtiéndolos en bienes de mercado y externalizándolos, instalando así una lógica clientelista en la relación con las OSC”, y por esta razón surge la necesidad de reflexionar profundamente sobre el rol que quieren cumplir hoy las ONGs.
Pese a eso, la presidenta de ACCIÓN expresó que las ONGs “están llamadas hoy a tener un rol fundamental en la consolidación del sistema democrático, la defensa de los derechos humanos y la participación ciudadana en la construcción de lo público”.
Para Valverde, la crisis de legitimidad tiene relación con un creciente y acelerado deterioro de la situación social y política, que debiera tener como horizonte, la creación de una nueva Constitución creada por una Asamblea Constituyente, y que “cualquier camino que se desvíe de esa meta funcionará como válvula de presión de la ilegitimidad que atraviesa la crisis política actual”, manifestó.
También Valverde mencionó la creciente movilización social de los últimos años, que -dijo- están “animados de un espíritu de transformación profundo”, ya que es una “tendencia de la sociedad a expresarse con más fuerza y diversidad” que apuntan a demandas comunes: participación, descentralización efectiva, ampliación de las formas y mecanismos democráticos, no-discriminación, interculturalidad, derechos y autonomía de los pueblos indígenas, cuestionamiento a los modelos de economía basados en la extracción de materias primas, entre otros.
Las crecientes e intensas movilizaciones han abierto una ventana de oportunidad para la re-politización del espacio público, pero ello implica “desarrollar canales de participación para que sean los ciudadanos y las ciudadanas quienes definan las prioridades de su propio desarrollo”, aclaró Valverde.
Para cerrar, Valverde manifestó que el desafío que vive Chile en la actualidad es “el de construir una forma de articulación entre el Estado y la sociedad que no esté mediada por otra lógica ni por otras definiciones que aquellas que los propios ciudadanos y ciudadanas decidan y sean capaces de llevar adelante”.