Ayer, el Gobierno envió al Congreso el proyecto. Hoy, cuatro “jugados” por esta iniciativa explican que es un ejemplo de trabajo desde la ciudadanía, capaz de lograr consenso con el Gobierno y los legisladores.
“La solidaridad como Política de Estado”
Hay mil y una interpretaciones sobre un proyecto de ley que se firma a tres días hábiles del cambio de mando. Lo importante es que al fin el Gobierno cumplió su palabra dada en 2012, cuando le pedíamos una ley única junto a representantes de ocho partidos y tres redes civiles.
Recién a fines del 2013 un grupo de 23 parlamentarios políticamente policromático –incluyendo la futura ministra Rincón-, pidió nuevamente eliminar las trabas a las donaciones, junto con establecer topes razonables.
Entendemos que el proyecto de ley recoge en gran parte lo pedido, proponiendo como tope el 10% de la renta líquida imponible de las empresas. Como éstas desconocen su utilidad durante el año, un tope inferior significaría frenar aún más la actividad social-empresarial, que actualmente sólo genera un modesto 1% del gasto tributario del país.Se propone también un tope alternativo sobre el capital, lo que permitiría donar en caso de pérdida.
Por todo esto, agradezco al Gobierno y a todos los sectores políticos que nos han apoyado para establecer la solidaridad como política de Estado.
“No estamos planteando más beneficios tributarios”
Dado el rol clave e insustituible de la sociedad civil en enfrentar y resolver temas tan apremiantes como la pobreza, el medio ambiente, la educación y desarrollo sostenible, no deberíamos vivir ni un día más con una legislación tan deficiente, compleja y entorpecedora como la que hoy existe en materia de donaciones.
Sobre esto hay consenso en todos los sectores políticos y en toda persona que haya analizado seriamente el tema. No estamos planteando más beneficios tributarios, sino simplemente ordenar lo que ya existe de una manera lógica, entendible, operable y transparente. Entonces, si la Ley Unificada de Donaciones sólo viene a ordenar lo que ya existe, y transparentar y destrabar la acción de la sociedad civil, el paso lógico es pedirle a la futura Presidenta que, dentro de un breve plazo, sus ministros y asesores, en conjunto con la sociedad civil, revisen si este proyecto cumple con estos objetivos y que lo tramiten con suma urgencia, porque si ello redunda en la solución de temas apremiantes para el país, no hay tiempo que perder.
Sin embargo, lo que más nos interesa es que salga un buen proyecto y que la opinión de la sociedad civil sea debidamente considerada, ya que es ella la que va a tener que vivir con esa ley, y aspira a no salir perjudicada tal y como ya ha sucedido con leyes anteriores.
“Abrir las puertas del Estado a la sociedad civil”
A través de este proyecto, el gobierno buscó siempre dar un paso de real envergadura para una mayor participación de la sociedad civil. Para eso, fue necesario un largo proceso en que se escuchó con atención a las organizaciones sin fines de lucro, se coordinó la participación de los siete ministerios cuyas temáticas están recogidas en el proyecto y se buscó especialmente generar consensos con representantes de todos los sectores políticos.
Y el resultado es un proyecto de la sociedad civil y para la sociedad civil, que recoge las visiones de todo el espectro político y cuyo objetivo esencial es fomentar que todos los sectores de nuestra sociedad puedan ser parte activa del desarrollo del país.
El proyecto busca dar un impulso importante para que cualquier persona o empresa pueda aportar significativamente a la labor que desarrollan las organizaciones sin fines de lucro, en áreas tan diversas como la pobreza, educación, cultura, salud y medio ambiente, entre otras.Y para eso, el gobierno siempre entendió que era importante abrir las puertas del Estado a la sociedad civil con una política de Estado, sin colores políticos, porque el objetivo final es que sea toda la sociedad la que construya un mejor país.
“Va en la línea correcta, porque compromete al ciudadano”
Las organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabajan por el bien de la comunidad son imprescindibles en las estrategias de inclusión social. En efecto, la experiencia demuestra que gran parte de las personas y/o comunidades en un tiempo excluidas, marinadas e inclusive violentadas, han recibido de estas organizaciones un espacio de acción, de intervención y una oportunidad de alzar la voz para provocar transformaciones más profundas que salvaguarden su dignidad.
Fortalecer estas organizaciones ciudadanas es, en definitiva, dar un paso hacia una madurez cívica mayor, hacia un asumir corresponsablemente el desarrollo integral de un país, a exigir que esta ciudadanía se movilice y no sólo sea un buen pagador de impuestos que se queda observando y exigiendo al Estado una determinada acción.
La ley única de donaciones va en la línea correcta, ya que apunta a dar un empujón de mayor sostenibilidad económica, autónoma y permanente, a los variados compromisos que día a día organizan las mismas comunidades y personas (para dar respuesta a necesidades, dolores, injusticias u olvidos de la política pública), involucrando y fortaleciendo el compromiso ciudadano con causas de bien común.