Proyecto Transparentemos, en busca de las buenas prácticas organizacionales

Fundación Avina y el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/FOMIN) son los organismos ejecutores y financieros de esta iniciativa, que tiene por objetivo  contribuir al posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil mejorando su efectividad a través de la implementación y adopción de sistemas de transparencia activa y de rendición de cuentas.

En el año 2009, un grupo de organizaciones sin fines de lucro se vio involucrado en ciertos actos que implicaban irregulares y desorden administrativo, provocando la desconfianza de la ciudadanía hacia estas organizaciones, sin discriminar la particularidad de cada organización. Asimismo, diversos estudios daban cuenta de que los niveles de escepticismo de la ciudadanía no solo iban dirigidos al sector público o hacia el mundo empresarial, sino también al tercer sector.  Como consecuencia surgió la necesidad de establecer como prioridad la implementación de mecanismos transparentes para recuperar la credibilidad de las organizaciones sociales.

Paula Jaramillo junto a Carolina Carrasco de BID Fomin e Ignacio Larraechea de Accion RSE

De esta manera nace Proyecto Transparentemos, pioneros en Chile en la aplicación de estándares de transparencia y rendición de cuentas en fundaciones, corporaciones y ONG´s de desarrollo. Así, se invita a establecer estas características como pilar fundamental de toda organización del tercer sector, optando por la autorregulación, buscando la legitimidad y estableciendo un nuevo modelo de relación para rescatar la confianza de la ciudadanía, su posicionamiento y la posibilidad de optar a mayores recursos del sector público y privado. “Es necesario mostrar lo que se está haciendo, porque este tipo de organizaciones trabaja con la fe pública de la sociedad civil. La gente que dona dinero a estas instituciones, por ejemplo, debe saber que pasa con él”, explica Paula Jaramillo, Coordinadora Ejecutiva de Transparentemos. “Hemos optado por la transparencia activa sin que haya necesariamente una ley u obligatoriedad de por medio, con el afán de fortalecer a las organizaciones, porque creemos, somos un sector importante para darle estabilidad a la democracia y para apoyar a la creación de políticas públicas”.

Logro para las organizaciones civiles.

Para Paula Jaramillo, uno de los grandes logros que se ha dado en el proyecto, es la importancia que las redes le brindan a éste, apropiándose de él y generando un diálogo para unirse. “Por primera vez existe un acuerdo y un trabajo conjunto de estas redes respecto al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. En un proceso participativo, se han puesto de acuerdo con la idea de fortalecerse y mostrar al país que no hay nada que esconder”.

Su progreso

El proyecto, que lleva 3 años en funcionamiento, ha sido ejecutado por cinco redes de organizaciones sociales: Comunidad de Organizaciones Solidarias, Red de Voluntarios de Chile, ASONG, ACCION AG y la Red Avina, además del apoyo del Consejo Consultivo integrado por representantes de la sociedad Civil. Junto a esto, establecieron alianzas con organismos públicos y privados, como Chile Transparente, el Consejo para la Transparencia, el Ministerio de Desarrollo Social, la Contraloría General de la República y ACCION RSE. Todo a través del Programa de Fortalecimiento y Formación para la Incorporación de Estándares de Transparencia Activa y Rendición de Cuentas en Organizaciones Sin Fines de Lucro de Chile, que, en su primera etapa -sobre el proceso de formación para incorporar buenas prácticas, finalizado en mayo de 2012- fue aplicado a 60 instituciones de 8 regiones del país, responsables de diferentes áreas de la sociedad, desde donde se abordan las problemáticas: medioambiente, pobreza, derechos humanos, solidaridad, emprendimiento y participación ciudadana; que quisieran aplicar estos estándares dentro de sus políticas. Éstas, en conjunto, cuentan con un personal remunerado de 3 mil personas y personal voluntario, aportando alrededor de  US$ 40 millones al año.

En su segunda etapa- la que actualmente está en desarrollo- se ha constituido una mesa técnica compuesta por las mismas redes, pero invitando a la participación del sector público: Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ministerio de Justicia, Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, Registro Civil y Secretaría General de Gobierno (Segegob). “Hemos invitado a los distinto ministerios y servicios a construir en conjunto un instrumento que esté en el registro único en el marco de la Ley 20.500, ley de participación dirigida a las organizaciones sociales”, explica la Coordinadora Ejecutiva de Transparentemos. “La idea es proponerle al Estado, como organizaciones de la sociedad civil, propuestas sobre rendición de cuentas y transparencia, influyendo en las políticas públicas y en lo que sucede en el país”.