Una de las primeras medidas del actual Gobierno fue la creación del Consejo Nacional de la Infancia. Este consejo, que reúne 5 Ministerios más el Sernam, Sename e incluso representantes de la Sociedad Civil (organizaciones no gubernamentales que trabajan por la Infancia), tiene como misión, según el propio Decreto Supremo que le da vida, asesorar a la Presidenta en el “diseño y establecimiento de un Sistema Integral de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, en el que el Estado tendrá un rol de garante”.
Este sistema, que apunta a establecer una “Política Nacional Integral de Infancia”, debería reflejar un cambio de paradigma en nuestro país respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según el Decreto del 14 de Marzo, el Consejo cuenta con máximo un año y medio para la elaboración de una propuesta relevante, concreta, eficaz, eficiente, viable y coherente para una nueva Política de Infancia.
Pero ¿qué se espera? A lo menos la creación de un Ente Rector (¿Ministerio, Servicio?) que coordine las distintas instancias del Estado e integre y proyecte en ellas los derechos de Infancia consagrados en la Convención Internacional de 1989 (ratificada por Chile el año 1990). Este Ente Rector tendrá que crear, implementar y coordinar planes y medidas concretas para prevenir la vulneración de los derechos de los niños y niñas y, en caso de vulneración, trabajar en la restitución efectiva de dichos derechos. Además, se espera la creación de un Defensor Nacional de los Niños: figura autónoma respecto del Gobierno de turno y con poder suficiente para garantizar los derechos de niños y niñas en cualquier caso necesario, desde la tramitación de leyes hasta casos concretos que vulneren o hagan peligrar sus derechos.
Por supuesto que el Sename debiera desaparecer como tal y reinventarse. Debiera haber al menos dos programas, uno enfocado a los niños y niñas que sufren algún tipo de vulneración y otro en temas de Responsabilidad Penal Adolescente. A pesar de lo absurdo, estos dos programas hoy conviven en el Sename.
Es un desafío grande y esperanzador para las precarias políticas de infancia en Chile. Sin embargo, como sociedad civil, ya queremos ver luces. Instamos y animamos al consejo a concentrarse en la Política Nacional de Infancia, en las reformas constitucionales que la harán posible y los planes y medidas que le darán vida, y dar cuenta constante de sus avances.