Con la entrada en vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990), esta pregunta se hizo ineludible para la política y su respuesta, inexcusable.
Durante julio un reportaje periodístico fue suficiente para abrir nuestros ojos con las falencias del sistema residencial para proteger a los niños separados de sus familias, bajo resoluciones judiciales. Una vez más, se devela ante la opinión pública los febles dispositivos institucionales que disponemos —ley de menores, medidas de protección ineficaces, el régimen legal de subvenciones o las limitaciones presupuestarias del Sename—, traen como consecuencia daños inaceptables en la indemnidad de niños y niñas que viven en residencias, al cuidado y supervisión del Estado. Además de propiciar condiciones humillantes para sus vidas.
Justamente por ello, la política se vuelve más necesaria. Llegó la hora de subordinar la responsabilidad institucional en la discusión sobre las reformas a la infancia que se tramitan en el Congreso. Limitarse a exigir renuncias, en definitiva, no sirve de nada. Es misión del Ejecutivo destrabar el debate del proyecto de Ley de Protección Integral de Derechos, que derogará la ley de menores, entendiendo que toda negociación supone ámbitos en que las partes deben ceder.
Sin embargo, ceder no significa resignar. Es necesario que surjan liderazgos parlamentarios que lleven a puerto no sólo la consagración de derechos, sino que otorguen mecanismos jurídicos para hacerlos efectivos. La creación de nuevos servicios para la infancia, que superen las limitaciones que impone el modelo normativo y presupuestario de Sename, tiene que transformarse en una realidad institucional que esté en consonancia con la Convención y que sea capaz de articular estrategias de intervenciones eficientes e innovadoras.
¿Cuánto nos importan los niños? El 30 de noviembre, día en que se aprueba la Ley de Presupuestos, tendremos esa respuesta.