Casos como el gas en Magallanes, la localización de plantas generadoras de energía y el cierre de Agrosuper en Freirina indican que los conflictos pueden derivar en resultados de perder-perder. El desarrollo sostenible es un camino tapizado de controversias producto de la tensión permanente entre la articulación de necesidades de corto y largo plazo, así como de la saludable libertad democrática de actores sociales que presionan por la satisfacción de sus necesidades. Por ello en Casa de la Paz damos la bienvenida a la visibilización de conflictos, ya que esto permite la confrontación pacífica de legítimas posiciones en juego.
Las controversias públicas instalan la necesidad de abordar las causas estructurales que subyacen en los conflictos, tales como la inequidad individual y territorial o el descrédito de las instituciones, entre otros. Pero, por otra parte, también constituyen una oportunidad para establecer nuevas relaciones sustentadas en la empatía y la confianza.
Hoy existe un razonable consenso sobre los temas en los cuales el país necesita avanzar con urgencia; lo que no tenemos nada de claro es cómo lograr el gran acuerdo nacional que nos permita superar el actual escepticismo de que ello es posible. Vivir con otros en armonía y no alterar los ecosistemas más allá de su natural capacidad de regeneración, parecen ser la utopía moderna; sin embargo, ambos objetivos aparecen testarudamente instalados en un horizonte casi imposible de alcanzar.
La importancia de la confianza
En una sociedad tan dañada por la desconfianza, en la cual disminuye la expectativa sobre la capacidad del Estado de resolver problemas complejos, se instala la pregunta sobre cómo regenerar el sustrato de confianza sobre el cual podamos reconstruir nuestro sistema de relaciones.
¿Cuándo desconfiamos? La respuesta es una sola: cuando tenemos la experiencia de haber sido engañados. Por ejemplo, cuando diversos proyectos han prometido beneficios en una determinada localidad -generalmente prosperidad, trabajo, bienestar- sin que esos ofrecimientos logren materializarse. Y cuando, una vez construida la planta, aparecen consecuencias que no fueron anunciadas. Ahí se instala una desconfianza difícil de revertir.
Por el contrario, si una empresa es respetuosa y honesta con la comunidad, y comunica en forma oportuna y entendible las condiciones e impactos del proyecto, así como la manera en que piensa hacerse cargo de sus consecuencias negativas dado su compromiso con la preservación e idealmente el mejoramiento del bienestar de la comunidad por todo el tiempo que dure el proyecto, y si llega a un acuerdo con los potencialmente afectados, entonces no sólo se comenzará a construir una relación de confianza, sino que la comunidad estimará que la utilidad de la compañía es legítima.
Sin embargo, dado que las autoridades cambian, así como ocurre con los ejecutivos a cargo de un determinado proyecto, la comunidad es la representante legítima del bien común, puesto que es el actor que da continuidad a la relación y porque es la única que percibe los impactos acumulativos de distintas actividades que tienen lugar en un determinado territorio.
Bajo este mismo parámetro, es urgente promover la vocación de transformación social entre todos los ciudadanos, de modo que cada uno asuma su responsabilidad en el rol que le corresponda, tanto en el ámbito público como el privado. Sólo la suma de las voluntades individuales, alineadas en un propósito de bien colectivo, nos pondrá en marcha hacia un destino común.
El empoderamiento ciudadano
Crecientemente, las comunidades aspiran a entablar una relación directa con quienes tienen el poder. Ningún actor quiere ser intermediado por terceros, por muy ilustrado y bien intencionado que sea. Ni el municipio, los abogados o las ONGs quieren este trato, porque ya tienen la experiencia de terminar siendo interpretados (de buena fe) o manipulados (para que el “facilitador” obtenga una ganancia que supera con creces la que queda en la localidad).
Tampoco están disponibles para que terceros los entrevisten una y otra vez con el objeto de extraer información que luego será utilizada “en su contra” por las empresas. De ahí la necesidad de generar juntos la información, identificar los puntos en controversia y la forma de abordarlos, así como compartir los resultados de las investigaciones, aunque sus contenidos duelan.
En síntesis, lo que está en veremos es la forma en que la sociedad chilena definirá las reglas del juego para la convivencia nacional, lo cual implica la existencia de un deseo de coexistencia basada en la colaboración y el mutuo respeto, basados en un proyecto común de búsqueda de bienestar para todos.
Para construir esta forma democrática de convivencia necesitamos conversar sobre lo que queremos, comenzando por explicitar si aspiramos a vivir juntos, respetando nuestras diferencias, y si estamos dispuestos a resolver nuestras discrepancias a través de mecanismos distintos a la confrontación. Para ello, porque queremos y necesitamos convivir y generar juntos las condiciones para que cada ser humano pueda desplegar todo su potencial, debemos detenernos a conversar.
En otras palabras, el diálogo y la convivencia se han convertido hoy en un asunto de sobrevivencia.