En las columnas anteriores argumentamos que nuestro país tiene una pobreza distinta a la del pasado. Señalamos que la categoría existencial del «no tener», relacionada con recursos financieros y bienes materiales, se ha desplazado en las personas a la del «no ser», «no estar» y «no hacer”. En otras palabras, la carencia de bienes materiales de primera necesidad, que muchos chilenos sufrían en décadas anteriores, ha dado paso a un país que se ha desarrollado, pero donde la exclusión social se ha vuelto estructural.
Por ello, afirmamos que nuestro país debe avanzar hacia políticas que focalicen la acción en quienes más lo necesitan desde lo material, pero también y a lo mejor más importante que lo primero, lo hagan para entregar los instrumentos adecuados y más pertinentes de acuerdo a las características de las personas, reconociendo en ellas sus potencialidades.
Ello es fundamental si tenemos presente que las historias de superación de pobreza tienen un común denominador: sus protagonistas son conscientes de los recursos que le son propios. Por ello las políticas y programas deben apuntar a fortalecer, visibilizar, valorar y movilizar sus propios recursos.
Pero, ¿cómo avanzar hacia políticas de nuevo cuño, en un país donde coexisten un mosaico de enfoques, metodologías e institucionalidad muy dispares? Por momentos éstos enfoques resultan contradictorios, difícil de entender y descifrar por la ciudadanía, generan malestar… ya que son fruto de períodos históricos diversos, se gestaron de manera muy discrecional y suelen no contener dispositivos de actualización periódica, lo que favorece su “envejecimiento” o “desgaste” en materia de efectividad. Y lo más complejo…tienen en el centro, la mirada del “no tener” lo básico para subsistir.
Necesitamos entonces avanzar gradualmente hacia una reforma del Estado en materia social. Construir vigas maestras por las cuales transite su quehacer en materia social durante los próximos años. Y, como ejemplo, en la Fundación para la Superación de la Pobreza hemos propuesto buscar acuerdos de convivencia que bajo una arquitectura de políticas consensuadas permitan:
- Responder a expectativas sociales y demandas ciudadanas del último tiempo.
- Contar con una arquitectura entendible, transparente y moderna, que permita su desarrollo en el tiempo y mejoramiento permanente.
- Articular “lo técnico” con “lo político” y tomar en cuenta la factibilidad presupuestaria.
Proponemos, en síntesis contar con un marco de referencia validado por la comunidad internacional y nacional que contribuya a cumplir las obligaciones que el Estado de Chile ha adquirido en materia social. Se trata de buscar que las personas vivan experiencias comunes de:
- Una vida larga y saludable.
- Una educación continua y de calidad.
- Un hábitat digno e integrado.
- Más y mejores oportunidades laborales.
- Un nivel de ingresos en efectivo constantes, que les permitan resolver sus necesidades inmediatas y funcionamientos esenciales.
Y, por sobretodo, ser escuchados en la toma de decisiones que les atañen directamente.
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Sr. Moreno: Podría aclarar su afirmación «donde la exclusión social se ha vuelto estructural» e indicar cuáles son los componentes de esa «estructura». Agradeceré su aclaración pues permitirá conocer cabalmente su opinión.
Atte.