Los ciudadanos ya lo hicimos: Creamos fundaciones, les ayudamos a mantenerse, les damos horas de voluntariado y las apoyamos con recursos.
Las empresas, ya sea por prestigio, marketing o porque reflejan la responsabilidad de sus dueños, también ayudan a las fundaciones. Comparten bienes, donan y apoyan en inclusividad, voluntariado corporativo e inversión social, entre muchas formas de comprometerse. Porque muchos empresarios ya entendieron que una mejor sociedad y un mercado más amable, nos ayuda a todos.
¿Y el Estado? Haciendo un recuento entre las fundaciones, muchas de ellas se quejan sólo de una cosa: la incapacidad del gobierno de ayudarles desde las políticas públicas. Si, las fundaciones reciben de la sociedad civil la mayor parte; de las empresas poco, pero ese poco que las mantiene respirando. Pero desde los gobiernos de turno todo son trabas.
Todos lloramos las muertes de niños bajo el cuidado del Sename. Nuestros honorables sí pueden evitar la violación de derechos de los niños en nuestro país: acelerando los proyectos legislativos en favor de la INFANCIA que ya están en el Congreso. El Gobierno por su parte, debe entregar el reglamento que garantizará diversos programas para nuestros niños: Chile Crece contigo, no tiene reglamento desde hace 8 años.
Esperamos de los senadores, frente a los ADULTOS MAYORES, que ratifiquen la Convención de Protección de las personas mayores y legislen “el cuidado” de los mayores como un derecho, ya la Cámara de Diputados la tramitó. En materia de DISCAPACIDAD, ayuden con la “ley de cuotas” que se encuentra en discusión y que obligará a entidades públicas y privadas a contratar un porcentaje mínimo de personas con discapacidad.
Respecto a La POBLACIÓN MIGRANTE, después de dos años, aún no se presenta ninguna iniciativa legislativa, lo que afecta directamente a los niños, generando desigualdad de acceso a la educación.
Luego de una lucha de 12 años, las organizaciones sociales lograron llegar al Congreso con una LEY ÚNICA DE DONACIONES, que unifica las ineficientes leyes actuales e incentiva las donaciones empresariales con beneficios tributarios. Esta Ley traería recursos a Fundaciones a cargo de miles de vulnerables a los que el Estado no ha podido acoger.
Un Estado eficiente debería apoyar a las fundaciones, fiscalizarlas, exigir transparencia y legislar eficientemente.