Cuando hablamos de avanzar en la superación de la pobreza y la construcción de una sociedad más inclusiva lo hacemos en el entendido que la estructura de oportunidades de una sociedad siempre tiene tres vértices: estado, sector privado y tercer sector o sector sin fines de lucro.
A partir de esta triada de actores la ciudadanía puede desarrollar y movilizar los recursos que posee convirtiéndolos en activos fundamentales para el desarrollo de sus capacidades. No es necesario ahondar en demasía para saber que de los tres sectores mencionados el más débil por lejos es el denominado tercer sector.
Existe hoy en Chile y desde hace ya bastante tiempo, una sociedad civil débil que más allá de actuar en los acotados espacios de acción que se le ofrece no tienen una real capacidad de constituirse en un balance de la actual estructura del poder público y privado. Al constituirse en función de los requerimientos del estado y dependiente de su financiamiento, se le resta autonomía limitando su acción como actor con agenda propia. Por ello, uno de los principales desafíos para incrementar la participación social en Chile se refiere a la construcción de capacidades de acción autónoma de la sociedad civil en virtud de la cual pueda ésta constituirse en un actor con capacidad de servir de socio y contraparte critica de las políticas públicas.
La autonomía en las fuentes de financiamiento es el fundamento sobre la cual dicha autonomía de acción podrá construirse. En la medida que las organizaciones sigan dependiendo vitalmente de los recursos provistos por los mismos que los convocan a participar, difícilmente se avanzará hacia una participación que sea más rica, diversa y fuerte que lo estrictamente permitido por la lógica de la autoridad de turno.
Por ello resulta fundamental fortalecer su autonomía financiera de modo tal que sea las organizaciones las que puedan ser financiadas, al menos en parte, y no sólo las meras actividades que se les pida a estas realizar. esto último es lo que hará efectiva la constitución de una agenda propia de la sociedad civil.
En este sentido, hoy en día, a pesar de la multiplicidad de fondos de financiamiento existentes, aun se mantiene un desconocimiento de ellos, particularmente por las organizaciones más pequeñas. Sin duda un manejo más eficiente y pertinente de los fondos concursables destinados a la sociedad civil, comenzando por la información necesaria para acceder a ellos, permitirá un uso más efectivo de estos recursos y a demandar una mayor transparencia de los mecanismos a través de los cuales estos fondos se asignan.
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Y quien se debiera hacer cargo de la difusión de ellos: el estado o el tercer sector? Mi impresión es que el estado no sabe lo que tiene, y el tercer sector no tiene los recursos.