El año 2002 estalló en nuestro país una gran crisis profunda de credibilidad y confianza en el sistema político a raíz del escándalo MOP-GATE, que estuvo precedido por el escándalo indemnizaciones y sucedido por el escándalo Inverlink.
Como remedio de esta situación se plantearon varias medidas, entre las cuales se cuentan la Ley Nº 19.884 (gasto electoral) y Ley Nº 19.885 (donaciones con fines sociales, de discapacidad y políticos), ambas tramitadas en tiempo récord y aprobadas por la unanimidad de los sectores en el congreso.
Llama la atención que para la solución de un tema político, se haya hecho una concesión tan rápida a una larga aspiración de un importante sector de la sociedad civil, consistente en tener un esquema de incentivos tributarios, a lo menos, equivalente al que ya existía para las universidades, la cultura, la educación y el deporte.
Lamentablemente, ambas leyes demostraron con el tiempo ser absolutamente ineptas para los objetivos que se plantearon.
Los escándalos ocurridos recientemente, dan cuenta claramente que el propósito de Ley Nº 19.884 (transparencia, límite y control del gasto electoral) han sido burlados, con un grave perjuicio a la ya deteriorada confianza pública al sistema político.
No cuesta nada, o casi nada, terminar bien la tarea iniciada bajo la Ley 20.500, de crear un registro único de organizaciones sociales, y por qué no políticas, a cargo del Registro Civil (el organismo mejor preparado para esta función), en el cual se habilite una plataforma que permita publicar quiénes somos, qué hacemos, cuál es nuestro propósito, cómo lo hacemos, quién nos financia, cómo usamos nuestros recursos, qué resultados obtenemos y con quiénes lo hacemos. Y a la vez apoye a las instituciones con herramientas tecnológicas que permitan agilizar las prácticas de Trasparencia.
Ley Única De Donaciones : ¿Qué tiene que ver esto con la crisis actual?
Toda la crisis suscitada últimamente es consecuencia de la falta de mecanismos claros y transparentes para financiar las organizaciones sociales y políticas, y por favor no volvamos a repetir los mismos errores de las leyes 19.884/5: aplanadora legislativa por encima de las legítimas propuestas de la sociedad civil.
Aprovechemos el camino recorrido desde el año 2000 hasta hoy que tiene como primer hito la Ley Única de Donaciones presentada en el Congreso, que requiere ser mejorada en un trabajo conjunto y constructivo con la sociedad civil.
Una buena ley única de donaciones nos debería permitir un acceso equitativo al financiamiento privado con beneficios tributarios, no discriminatorias (superando las iniquidades hoy) y transparentes.
No podemos seguir en la situación actual, en la cual las iniciativas de interés y utilidad pública del sector civil se enfrentan con un marco regulatorio confuso, discriminatorio y poco claro que además dejó fuera áreas importantes de interés público – como el cuidado del medioambiente y la salud. El marco regulatorio actual más que facilitar, significa un freno para la construcción del tejido social.