Necesitamos una ley que permita a las instituciones actuar sin titubeos frente al maltrato de niños, niñas y adolescentes. Si la mayor parte de los abusos son intrafamiliares, ¿quién, si no las autoridades a quien temen los adultos, puede contenerlos? Necesitamos una ley que permita a las instituciones actuar sin titubeos frente al maltrato de niños, niñas y adolescentes.
¿Qué pasó con la Ley?
En enero del presente año un conjunto de instituciones que hoy conforman el Bloque por la Infancia, junto a representantes del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Justicia y del SENAME, concordaron una propuesta de ”Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia”, la cual plasmaba gran esfuerzo técnico y la transversalidad política necesaria.
Hoy, estamos a la espera de los próximos pasos que le corresponde dar al Ejecutivo.
Somos el único país de América Latina que no cuenta con una Ley de Protección coherente con la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile suscribió hace 22 años. Nuestra legislación vigente, que data de 1967, sólo se centra en aquellos niños y niñas que están en riesgo social. Hoy, cerca del 32% de nuestra sociedad son niños y adolescentes, pero sólo el 3% de ellos es atendido por el Servicio Nacional de Menores (Sename). Con ello, muchos problemas quedan sin respuesta y, por lo tanto, sin protección ni prevención.
Se ha dado gran cobertura al nuevo proyecto de ley orgánica que divide el SENAME poniendo el foco en una de las problemáticas, que si bien corrige algunas falencias, no se hace cargo del tema global que es carecer de un marco normativo que oriente las distintas áreas del quehacer público, tales como Salud, Trabajo, Vivienda, Educación, Protección Social, Obras Públicas, Justicia, etc., así como Municipios y Tribunales, en pos de darle efectividad y eficiencia a un sólo sistema de protección de la infancia y adolescencia.
El Bloque por la Infancia está realizando una tarea puerta a puerta buscando llevar esta ley al Congreso. Y tienen derecho a tocar fuerte, porque son estas organizaciones sociales las que ejecutan el 96% de los 1.230 Programas y Centros financiados por el SENAME, atendiendo a 197.625 niños al año. Además, otras cientos de fundaciones particulares acogen en hogares autofinanciados otros miles de niños a los que salvan, reparan y consuelan de vejaciones.
El Bloque por la Infancia tiene sus reparos frente a la división del SENAME y tiene una propuesta clara para la protección integral de la infancia, ¿porqué no escucharlos? Son las organizaciones de la sociedad civil quienes más saben, porque su trabajo en terreno les da la autoridad para proponer las políticas públicas necesarias, que hagan más eficiente la gestión de los servicios especializados junto a las organizaciones sociales orientadas a la infancia y adolescencia.
El maltrato sicológico, el bullying, el abandono, la miseria, el trabajo infantil y los abusos dejan la huella del dolor y el miedo. Nosotros debiéramos tener miedo de esta generación de la que dependeremos: si no le damos dignidad, no podremos exigirles respeto.
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Convención de los Derechos del Niño. Protección infantil: Sin ley ni orden
Abusador de niños entre 3 a 5 años Escuala de lenguaje Girasol de Quillota
Quisiera referirme solo a la «No existencia de un Estandar para apluicar las penas que manda el Codigo»; para aplicar las penas de castigo a los abusadores de niños, dejando a los Administradores de la justicia, aplicar sus propios criterios, sin hacer respetar y aplicar la Ley del Codigo Penal, incluso rebajandole la pena al abusador sexual de niños, Hector Araya Vallana. Por sus delitos el Codigo Penal indica aplicar 15 años como minimo, y los Jueces solo le aplicaron 7 años de carcel efectiva.
Se gastaron Millones de Pesos en el Juicio entre abogados-Fiscales-Defensores-Jueces-actuarios, recepcionistas-Guardias, durante el Jucio que duro alrededor de dos semanas solo para favorecer a quien comete el abuso sexual en contra de los niños.
Algo esta pasando con nuestros Jueces
Quien realmente defiende a los niños, cuando la ley indica……. que cuando existe un caso de violacion el Medico de Turno de un Hospital o Servicio de Emergencia o de Utilidad Publica Posta y esta es perteneciente al estado, constata, certifica que un niño es abusado, violado, los Jueces aplican su criterio y no respetan la ley . Indicando que esta facultad la tiene solo como reconocimiento un Medico del instituto medico legal, y que este certificado- testimonio escrito emitido por un Medico de una Posta no tiene valor. La ley sobre abusos indica que una persona que ha sufrido un atacque , abuso, o violacion y se constata en un servicio publico este testimonio tiene valor legal, tanto como si fuera del Medico legista, así lo indica….pero no se respeto esta ley.
Que esta pasando esta pasando con nuestra Justicia- deberá que solicitar que se implemente una Superintendencia de control de fallos de los Juicios Orales, que pasa con nuestros Jueces de la nueva justicia.
He quedado sorprendido ante esta falta de integración y coherencia de no estar vinculados a la Convención. Ánimo y fuerza en la continuidad del proyecto para que los adultos que gobiernan el país se dignen a legislar a este respecto.
Desde mi Colegio, cada día queremos crecer en estos derechos que asegurarán adultos sanos para un Chile mejor. Espero que las redes de protección realmente funcionen.