Luego de los bullados casos en el sector privado (Penta, SQM, etc) y público (“aprovechamiento de cargos”, captura en las decisiones de política pública, financiamiento de campañas, etc.) la ciudadanía ha cubierto con un manto de dudas el quehacer de varias instituciones. Uno de los grandes desafíos que tiene nuestro país es recuperar las confianzas. La creación del consejo asesor presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción, anduvo en la dirección correcta: crear políticas que ayuden al funcionamiento de lo público y de lo privado desde distintos frentes para poder fortalecer nuestro capital social.
Con la creación del Consejo de la Transparencia hace algunos años, el gobierno ha avanzado hacia prácticas que profundizan la democracia y fomentan la confianza en la función pública, sobre la base de la participación y el control ciudadano. Por su parte el sector privado, principalmente las grandes empresas por medio de sus áreas de compliance pero también desde sus gobiernos corporativos (las últimas normas de carácter general, por ej N°341) también han querido progresar en esta senda. Sin embargo, queda camino por avanzar. No se requieren más leyes sino que éstas se cumplan, dejando así atrás el aforismo ‘hecha la ley hecha la trampa’ y permitiendo que las instituciones funcionen de manera adecuada. El desarrollo de nuestro país depende en gran parte de lo anterior y es fundamental que los distintos actores lo entiendan.
Al respecto, en el último tiempo hemos sido testigos del rol más activo de las organizaciones sociales, empresas sociales, corporaciones y similares. Esta situación provoca desafíos relacionados con una nueva forma de interacción entre los distintos sectores. Pero, a la vez, al hacerse cargo estas entidades de causas o propósitos más cercanos a los ciudadanos, se transforman en excelente herramienta para avanzar en la construcción de nuestro país.
Se dispone de poca información acerca de cómo se financian estas organizaciones, de cómo gastan sus ingresos, de cuáles son sus reales costos operacionales, de cuáles son las capacidades de su gobierno corporativo o del impacto de su gestión en la entrega de sus productos y/o servicios. Por ello, y sobre todo a las organizaciones sociales tradicionales, se les hace cada vez más complicado conseguir recursos frescos para sus proyectos y gestión.
Cabe entonces esperar que ciudadanos y usuarios sean más exigentes con ellas, tal como lo son con los sectores público y privado. Por lo mismo, es cosa de tiempo que las sugerencias de la comisión Engel sean también aplicadas al ‘tercer sector’ (empresas y organismos sociales). Transparentar es una imposición pero también un deber. El avance de las organizaciones sociales en este sentido es necesario y todos deberíamos promoverlo seriamente. Al final del día esto será en beneficio de todos.