Hace unos días se ha viralizado en las redes sociales un conmovedor video de artistas y personalidades pidiendo un minuto de silencio por los niños y niñas fallecidos/as en la red de SENAME. ¿Cómo no conmoverse? ¿Cómo no estar de acuerdo?
Sin embargo, es preciso estar dispuestos a dar un par de pasos más, porque el silencio se presta para demasiadas interpretaciones. La conmoción e indignación por esas muertes, debe ser un motivo para lograr la movilización y la acción por los niños y niñas que están con vida. Tanto por aquellos que están viviendo en residencias bajo la tutela del Estado en una extrema condición de vulnerabilidad, como por los que están en el sistema de justicia juvenil porque han cometido delitos. Y porque no decirlo, también por cada niño y niña que habita en nuestro país, porque las cifras no son alentadoras. Según UNICEF, el 70% de los niños/as declaran haber sido víctimas de algún tipo de maltrato. 7 de cada 10 niños son maltratados. Claramente no solo debemos conmovernos, sino también avergonzarnos por ser parte de una sociedad que presenta esos niveles de violencia y que no se ha comprometido seriamente con una agenda que mejore la calidad de vida de los más pequeños.
Los niños y las niñas, no solo representan el futuro del país, si no constituyen un presente que no puede seguir en silencio.
La Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile hace 26 años, insta a los Estados a adecuar sus normas y políticas a sus disposiciones, entre las cuales está el reconocer la calidad de sujetos de derecho de niños y niñas, su interés superior como consideración principal, su derecho a ser oído y su derecho a vivir en familia. Y, por cierto, a tomar todas las medidas necesarias para proteger a los niños/as de toda forma de perjuicio o abuso.
Garantizar los derechos humanos de niñas y niños no puede seguir siendo una tarea pendiente para el Estado y la sociedad en su conjunto. Se requiere, voluntad política de los actores estatales para avanzar hacia una ley que verdaderamente garantice derechos y un órgano administrativo que genere y coordine políticas públicas universales en materia de infancia. Pero también es indispensable, tomar consciencia respecto de que los derechos fundamentales de niños y niñas son una responsabilidad de todos/as.
En ese sentido, esperamos que el presupuesto de la nación para el año 2017, no solo contemple aumento de recursos para la cuestionada y precaria institucionalidad de protección especial, sino que también para el diseño de una nueva, que permita asegurar un piso mínimo para todos los niños y niñas en relación a sus derechos.