Uno de los aspectos más complejos de la crisis de representatividad de nuestra democracia, se manifiesta en un serio distanciamiento entre las esferas de toma de decisiones públicas y las personas. Es por ello que resulta urgente la promoción de una consistente política pública de participación ciudadana, de carácter permanente y con objetivos a largo plazo, que propicie –desde la institucionalidad –aquellos mecanismos e instancias formales de participación de la sociedad, con el principal objeto de generar espacios de acercamientos y establecer los incentivos necesarios para el fortalecimiento de la sociedad civil, tanto desde la óptica de los individuos como de las organizaciones sociales. Muchas de las organizaciones sociales han adquirido un rol preponderante y muchas veces insustituible en la búsqueda del bien común, específicamente en la satisfacción de las necesidades básicas de nuestra población, constituyéndose en verdaderas colaboradoras del Estado y de la sociedad en general.
En este contexto, resulta innegable que uno de los mecanismos necesarios para el fortalecimiento de la sociedad civil es que el Estado apoye el financiamiento de sus organizaciones a través del otorgamiento de franquicias tributarias a las donaciones a dichas organizaciones. De ahí la necesidad y la urgencia de perfeccionar las actuales leyes de donaciones, las que se encuentran contenidas en diversas normativas sin una coherencia clara. Estos diversos cuerpos legales regulan donaciones en un marco regulatorio confuso, discriminatorio y poco claro que además deja fuera áreas importantes de interés público – como el cuidado del medioambiente. Como han señalado múltiples organizaciones: «el marco regulatorio actual, más que facilitar, significa un freno para la solidaridad, la colaboración y la construcción del tejido social.« De allí es que durante más de 10 años hayamos solicitado la tramitación de una ley única de donaciones para nuestro país. Dicho proyecto entró al parlamento en las postrimerías del gobierno anterior bajo el Boletín N° 9266-05. Nunca ha tenido urgencia por lo que ello ha significado en la práctica, su no tramitación.
Por ello desde distintas instancias, que incluye organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de todos los sectores, han solicitado al Poder Ejecutivo a través de los ministros del Interior y Secretaría General de la Presidencia, activar el proyecto de ley que regula una ley única de donaciones para el país. ¿qué significa ello? Primero, asumir la importancia del tema, y en consecuencia hacer las indicaciones que corrijan el proyecto particularmente en aspectos referidos a ciertas inequidades de acceso para organizaciones pequeñas, mayor transparencia de donantes y donatarios, ampliación de franquicias a aspectos que requieren mayor recursos como el tema ambiental, entre otros. La respuesta inicial del Ejecutivo ha sido positiva. Ahora queda hacer entre todos la pega, y hacerla bien.